SE ACABA LA FIESTECITA DE LOS TARJETAHABIENTES , CHILLAN CON LA
PROVIDENCIA 011
Criticando al gobierno revolucionario de Nicolás
Maduro, Roberto León Parilli, presidente de Anauco (Alianza Nacional de
Usuarios y Consumidores), calificó
de “viernes negro” la fecha de hoy, luego de que el Gobierno nacional publicara
la providencia 40.636, de fecha 09 de abril de 2015, que circuló hoy, se
publicó la providencia número 011 del Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX), que “establece a la banca pública como única autorizada para otorgar
divisas”. ¿Porque el gobierno no puede disponer de la gestión de las divisas en su
propia banca pública? ¿Por qué no puede vender sus propias
divisas a los precios que fija Cencoex? El argumento que esgrime la banca
privada es que “el artículo 21 de la Constitución establece el derecho a ser
tratados como iguales ante la ley y prohíbe la discriminación. Pero a juicio de
la alianza, los venezolanos que no son clientes de bancos públicos “son
discriminados y quedan sin la posibilidad operativa de ejercer su derecho
constitucional al libre tránsito (art. 51)”.
El gobierno no viola derechos
privados, en cuanto a sus actividades principales, --intermediarios financieros--,
menos que le supriman a las personas el libre tránsito terrestre, aéreo, es un asunto de gestión pública, de disponibilidad
económica, cada quien es libre de abrir una cuenta bancaria según el banco que
le guste, ya sea por cercanía, prestigio o tal vez por los servicios que
presta, en el caso de la banca pública, sus servicios son similares a la banca
privada, solo que el gobierno tiene el monopolio de las divisas, el
administrador público de ellas, y puede asignarlas a la banca (pública) que
considere conveniente sin menoscabo de la actividad privada y el ciudadano (a)
es libre de solicitar tarjeta en el banco de su conveniencia y transitar
libremente.
Sin embargo; Parilli criticó, a
través de la cuenta Twitter @ANAUCO, que gran cantidad de ciudadanos
queden sin derecho al libre tránsito por no poseer tarjetas de
crédito en las entidades bancarias estatales: Banco de Venezuela, Banco
Bicentenario, Banco del Tesoro, Banco Industrial y Banco de la Fuerza Armada
Nacional” Solicitar tarjeta de crédito
en un banco y no en otro es asunto opcional privado, la banca pública no les
niega el acceso, no hay discriminación alguna, es cuestión de conveniencia, ahora
bien todos los bancos se diferencia por sus servicios, pues bien el que “solo
la banca pública queda calificada como operadora cambiaria autorizada en
cuanto al uso de tarjetas de crédito de los ciudadanos para el pago de bienes y
servicios en el exterior (viajero) y para compras en el comercio” es asunto de
Estado, para sostener un mejor control de las divisas, racionalizarlas, evitar
las fugas, tener mayor control de su asignación y a quien se les asigna.
La reacción inmediata de los medios privados a esta decisión del gobierno
es harta vergonzosa, además de faltarle el respeto a la dignidad presidencial, acusan
“al Presidente Maduro de violar los
derechos constitucionales de los venezolanos”, como si el Presidente Maduro
violara el libre tránsito y por otra parte discriminara a la banca privada de
prestar el servicio financiero, de gestión de las divisas para viajeros. El temor de la banca privada es que migren
hacia la banca pública según “José Grasso, director de SOFTline Consultores,
calculó casi 5 millones de tarjetahabientes tendrían que migrar a la Banca
Pública para poder hacer uso internacional de sus tarjetas”, escribió en
@josegrasso”. Si lo hacen es libremente, por un servicio que deja de prestar la
banca privada, deja de ser intermediaria con el gobierno, para prestarle este
servicio a los ciudadanos y ciudadanas, por cuanto de que el gobierno lo asumen
directamente sin discriminación a los ciudadanos (as) prescindiendo de los
servicios de la banca privada.
El asunto de las divisas del país es un asunto serio para dejársela a
las manos privadas, que no harían si dejamos que la administren la banca
privada, discretamente saquearían el país en pleno y migrarían los dólares como
vienen haciendo muchos ciudadanos (as), en el caso de la banca privada quieren
seguir con “el festín de la repartición
de las divisas, seguir con el modelo de que el gobierno vende mediante la
banca privada como intermediario, los dólares y estos beneficiarse como
intermediarios, teniendo el gobierno suficientes instituciones financieras que
puedan prestar dicho servicios, la banca priva por otra parte, además de muchos
ciudadanos (as) de la clase media, no ven que el país necesita las divisas al
racionalizarlas para pagar las deudas públicas como privadas dada una situación
del mercado petrolero que no favorece al país en términos de los ingresos y el
precio del barril del petróleo. Pero como si no vieran nada estos, aplican la
política de la avestruz, esconden los ojos
La realidad, al respecto opina Luis
García Mora: “Un país con la inflación más alta del mundo (que
algunos estiman superará el 100% a fin de año) ahora mismo se desangra con la
caída del petróleo (el 95% de las exportaciones) y en el que el gobierno está
obligado a reducir el gasto (….) y quieren (los tarjetahabientes de la clase media
raspacupos, la nota es mía) que siga mermando las divisas con los raspacupos
viajeros que acuden en masa a la banca privada”. ¿Qué irracionalidad, que cinismo critican al gobierno
por su gestión y se niegan asumir medidas de salud financiera, para que siga el
plan ruin de la burguesía y del imperio.
Imagínese el lector, el gobierno y su empresa PDVSA, administra y provee
la divisas a nombre del país, es quien tiene la responsabilidad de administrarla,
pero la banca privada acude a un
Tribunal para que le sea considerando bajo el pretexto e interpretación
jurídica de la constitución que se está violando presuntamente “el artículo 21
de la Constitución establece el derecho a ser tratados como iguales ante la ley
y prohíbe la discriminación….y a los
venezolanos que no son clientes de bancos públicos son discriminados y quedan
sin la posibilidad operativa de ejercer su derecho constitucional al libre
tránsito (art. 51)”. Vaya tergiversación con estos argumentos, ahora
pretenden asustar a la clase media, predisponer a esos cinco millones de
tarjetahabientes, para que derogue la providencia 40.636, como si el gobierno
quien administra la banca pública no pueda disponer de las divisas para los
cuales está capacitada sus empresas financieras.
Ciertamente el gobierno tiene el monopolio de las divisas, y puede
disponer de ella ajustado a derecho y en aras del país, de los ciudadanos y
ciudadanas que los clientes privados decidan si quieren disponer del servicio de
compra de divisas deban ser atendido por la banca pública es cuestión opcional,
nadie ni la empresa privada ni su banca puede obligar al gobierno a ofrecerles
sus divisas, a disponer de ellas, ampararse del derecho de sus
tarjetahabientes, cada quien presta el servicio financiero que mejor crea
conveniente, la función de la banca es la der ser intermediario financiero, no
otra función que no le conceda la ley y los órganos regulativos del gobierno
quienes disponen por Ley.
Así que si migran 5 millones usuarios de la banca privada solo les queda
abrir una cuenta sin necesidad de renunciar a sus cuentas privada en la banca
privada, nadie les obliga, por lo que la decisión de publicar en la Gaceta
Oficial Nro. 40.636, de fecha 09 de abril de 2015, la providencia número 011 del Centro Nacional
de Comercio Exterior (CENCOEX), que establece en su artículo 5 que solo
la banca pública queda calificada como operadora cambiaria autorizada en
cuanto al uso de tarjetas de crédito de los ciudadanos (as) para el pago de
bienes y servicios en el exterior (viajero) y para compras en el comercio” se ajusta
a derecho no viola constitución alguna por lo tanto, queda a la vista el
espantapájaros con que Anauco arremete en representación de los intereses
privados, bajo el subterfugio de la
“defensa de los millones de venezolanos que ya no podrán viajar ni comprar por
Internet”, será que ya no podrán gestionar las divisas como han venido
haciendo.
Por estas discrepancias, Roberto León Parilli, presidente de Anauco
(Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores), “hizo un llamado al sector
bancario para solicitar ante las autoridades una reconsideración de este acto
administrativo” además de acudir el próximo martes 14 de abril a la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar un inmediato
pronunciamiento de la máxima instancia judicial entre otros, intentar ante el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, a ejercer “las acciones jurídicas necesarias en defensa de los
millones de venezolanos supuestamente de que se les está violando por intereses
colectivos y difusos correspondientes cuando existe lesión a los derechos
constitucionales de los ciudadanos”.
A todas luces se les acabó la
fiestecita a los raspacupos de la banca privada, de aquellos clientes tarjetahabientes de la clase media que
pedían y pedían dólares para financiar el mercado negro, aquellos
representantes de los intereses difusos, de los mismos que absorben dólares del
gobierno e inducen la venta de bienes y servicios a precios inflacionarios, la
medida de recortar las divisas es saludable para la economía nacional dada la
coyuntura de los precios del petróleo cuando han disminuido un 60% su precio,
por eso el anuncio de la disminución del monto máximo que corresponde a
cada ciudadano por viaje, así como una limitación del uso para compras por
Internet, constituyen una saludable medida administrativa, aparte de proveer
las medidas necesarias para facilitar un freno e identifica a quienes cometen ilícitos cambiarios en el país, de alguna
manera esta providencia 011 coadyuva a la salud financiera del país inclinada
adecentar el mercado de divisas.
Fuente:
1.- Luis García Mora, “En Panamá: como la guayabera”, Prodavinci, 12 de abril, 2015
2.-@DolarToday
/ “¡Maduro viola los
derechos constitucionales de los venezolanos!: ¿qué pasa con quienes no son
tarjetahabientes de la banca pública?” Abril, 11, 2015?
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